Abstract
El primer aniversario de la toma de posesión de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos ha tenido lugar hace pocos días. Un año en el que sus políticas no han dejado a nadie indiferente y en el que no ha parado de cosechar titulares por situaciones tan diversas como su política arancelaria, la captura relámpago de Nicolás Maduro, sus ansias imperialistas en Groenlandia y Canadá o su política migratoria.
La inmigración fue uno de los temas estrella de su campaña, prometiendo deportaciones masivas. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya fiabilidad en estos tiempos no siempre está exenta de duda, desde la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025 se han producido más de 605.000 deportaciones, a las que deben sumarse 1.9 millones de autodeportaciones por parte de aquellos que han decidido dejar voluntariamente los EE.UU. para no arriesgarse a ser detenidos e, incluso, ser enviados a centros como el CECOT en El Salvador.
La principal novedad introducida por la segunda administración Trump -las deportaciones masivas ya fueron realizadas por otros presidentes con independencia del signo político- ha sido la virulencia de los controles y redadas del ICE -el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas-, la cual ha desembocado en incidentes violentos como el que provocó la muerte a tiros de una ciudadana estadounidense en Minneapolis, ciudad a la que la Casa Blanca envió más de 3000 agentes en una de sus mayores operaciones antiinmigración.
Ante las redades del ICE surge el interrogante, ¿puede el federalismo estadounidense erigirse como una barrera ante las políticas del presidente Trump en materia de inmigración o son los estados otra víctima de la deriva expansiva y de tintes autoritaria del movimiento MAGA?